Hace unos años ya, realicé mi tesis de Licenciatura en Historia, y el tema que me propuse investigar precisamente fueron las relaciones bilaterales Bolivia-Chile. Luego de una amplia revisión bibliográfica y de la ejecución de unos antecedentes históricos que superan las 100 páginas de mi tesis, obtuve algunas respuestas sobre el tema. A continuación las transcribo.
Dentro de lo expuesto en la investigación que realicé, se puede evidenciar que hay algunos elementos que se repiten a lo largo de la relación bilateral que intervienen de alguna manera las instancias de cooperación entre ambos Estados y han impedido concretar acuerdos en el plano político y económico.
En algunos momentos estos factores se han presentado de manera conjunta y en otros de forma separada.
Debemos distinguir dentro de los elementos, por orden de importancia y si son elementos relacionados con los intereses propios de los Estados o si son elementos externos a la relación bilateral.
A partir de los antecedentes históricos y del análisis del 2000-2008 (proyecto gasífero), se evidencia la presencia de cuatro elementos, si bien pueden existir otros, pero he considerado que estos son de especial relevancia para desentrañar las dificultades que han afrontado ambos Estados a la hora de concretar una negociación.
Los elementos que denominaré de primer orden tienen que ver con los intereses propios de cada Estado, estos elementos van a condicionar el desarrollo de las relaciones entre ambos Estados. Para nuestro caso, los elementos de primer orden serán la Soberanía Marítima y la Política Exterior. La soberanía marítima se presenta como el primer elemento condicionante de la relación bilateral, y a partir de ello se desprende la forma en que cada Estado enfrenta dicha situación, lo que hace directa referencia a la política exterior de cada Estado referente al tema.
Los elementos de segundo orden son los elementos externos a la relación bilateral, que afectan las instancias de diálogo y de negociación entre los Estados. Para la presente investigación se ha tomado como agentes externos el rol de Perú y a la Inestabilidad política boliviana, que en momentos determinados de la relación bilateral inciden de manera desfavorable en las negociaciones que están llevando a cabo ambos Estados, cabe recordar que gran parte del proyecto gasífero entre Chile y Bolivia, fue condicionado por la fuerte desestabilización que sufría el país boliviano en ese momento.
5.1 Soberanía marítima.
La soberanía marítima se presenta como el elemento condicionante en las relaciones entre ambos Estados. Ya que, la reparación histórica que busca Bolivia se objetiviza en recuperar su cualidad marítima a partir de un acceso al Pacífico que sea libre, útil y soberano. El último denominador soberano es el que detona la necesidad de aplicar el artículo 1º del protocolo de 1929. Bolivia encuentra en esta aplicación su mayor escollo, mientras que para Chile es una manera de abstraerse de la solución del problema. Por ello, la soberanía reclamada por Bolivia es a la vez un objetivo pero también un importante factor obstaculizador para solucionar el problema.
La visión boliviana sobre el problema se apoya en la necesidad vital de retornar al Pacífico con soberanía. Ya que, La mediterraneidad, según los bolivianos, les ha condenado al subdesarrollo y les impide realizar toda su potencialidad. Por ello, para los bolivianos la reintegración marítima es tanto la reivindicación de un derecho histórico cuanto expresión de necesidad actual, geográfica, económica y política. Hay muchas razones que justifican la posición boliviana, unas encuentran su raíz en la historia y otras mas actuales tienen que ver con el desarrollo. Pero todas convergen en que Bolivia necesita acceso soberano al mar.
Así, Bolivia pretende una salida libre, útil y soberana al Pacífico. Una solución que no sea soberana es considerada inaceptable para los bolivianos. A raíz de ello, el Estado de Bolivia no ha aceptado otro tipo de negociaciones con Chile sin antes hablar de soberanía marítima, ha condicionado históricamente la existencia de relaciones diplomáticas al previo reconocimiento de Chile a su demanda marítima. Mientras Chile plantea que la reanudación de relaciones diplomáticas debe ser una señal boliviana, previa al inicio de negociaciones, Bolivia señala que esta normalización debe ser resultado de un proceso. La experiencia reciente presentada en esta investigación sobre la posible instalación de una planta de licuefacción de gas natural boliviano, para su exportación al mercado de California, muestra la importancia de la reivindicación marítima para los bolivianos. Los gobiernos de ambos países negociaron un régimen aparentemente favorable a ambos: una Zona Económica Especial, en la que se aplicaba la ley boliviana, incluía una terminal marítima construida y operada por una empresa boliviana, con grandes inversiones y perspectivas sumamente interesantes. La ciudadanía boliviana y más tarde el propio Gobierno condicionaron la viabilidad del proyecto a la previa solución de la demanda de reintegración marítima soberana. Luego de la cumbre de Monterrey, como medio de presión, el gobierno boliviano llamó a un referendo en el que se consagró el principio de que no habría oferta de gas ni negociaciones comerciales si es que no se atendía la demanda marítima y, más tarde, se proclamó la fórmula de “ni una molécula de gas para Chile, sin mar” Chile alega que está impedido, por su ordenamiento jurídico, a ceder la soberanía de cualquier parte de su territorio a Bolivia, y, por lo tanto, ello imposibilita que la pretensión boliviana sea atendible. Según esta limitación, nadie en Chile puede arrogarse la facultad de disminuir el territorio chileno. Mas aún en el supuesto caso que Chile, por algún motivo, estuviere de acuerdo a ceder una franja territorial al sur de la línea de la Concordia, ésta solución tropieza con la posición peruana que se apoya en el artículo 1º del Protocolo Complementario suscrito entre Perú y Chile en 1929. El gran obstáculo que impide avanzar en la solución del problema marítimo boliviano es el concepto de soberanía territorial que cada uno de los países tiene y como lo maneja.
La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha dicho que Chile debe estar disponible para aumentar el acceso al mar de Bolivia, pero aclaró que es distinto de hablar de soberanía. Si Bolivia pudiera poner a un lado, aunque sea momentáneamente, el tradicional concepto de soberanía, la solución podría estar más cerca de lo imaginable. Pero incluso Evo Morales que insta a Chile para resolver la histórica demanda marítima de su país por medio de la "confianza" y del "entendimiento" entre los pueblos, agrega y condiciona que "Bolivia jamás dejará de luchar para recuperar un mar con soberanía" Incluso actualmente donde ambos Estados se encuentran trabajando en base de una agenda común sin restricciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó que no se restablecerán las relaciones diplomáticas con Chile sin que se resuelva la demanda marítima de su país. Además el canciller, afirmó que "es fundamental para nosotros el retorno al mar con soberanía, hay un diálogo positivo que está avanzando y en los próximos meses seguiremos gradualmente en la búsqueda de una solución definitiva"
Mientras los bolivianos demandan una salida soberana al Océano Pacífico, Chile muestra su disposición a efectuar concesiones para una salida al mar, pero sin cesión territorial. Esta ha sido la lógica dominante en los últimos años de relaciones.
Un juego de suma cero, en que las negociaciones de los distintos gobiernos no han fructificado. La opción para vencer esta mediterraneidad es la cesión por parte de Chile de algún territorio aledaño al Pacífico, con soberanía. Las opciones intermedias –entregado en comodato por un período de tiempo, etc.– no generan consenso. Respecto al corredor, algunos sectores bolivianos plantean que este debe tener las dimensiones adecuadas para desarrollar actividades productivas. Una entrega menor tendría sólo un significado simbólico Así las diferencias en cuanto al tema de la soberanía marítima se dan en que Bolivia plantea que debe existir una salida soberana al Océano Pacífico, que implique recuperar en cierta medida lo perdido en la Guerra del Pacífico y Chile, por su parte, descarta la cesión de territorio con soberanía y manifiesta que el acceso al Pacífico puede efectuarse a través de facilidades portuarias, viales y económicas para acceder a los puertos chilenos del norte grande. El carácter cíclico de la relación bilateral, marcado por largos desencuentros e intermitentes, y a veces efímeros, procesos de acercamiento y cooperación, en el último tiempo entró en una nueva fase con la llegada a la presidencia de Evo Morales, se deja ver una posición mucho más proactiva en el acercamiento a Chile. La reivindicación marítima boliviana está cobrando un nuevo sentido. Hoy, la demanda a favor de una presencia soberana en el Pacífico se asocia a la idea de lograr un rol comercial más protagónico en los puertos y en la región antes que a un reclamo patriótico abstracto Así se evidencia que, el elemento que ha condicionado la relación chileno-boliviana es la mediterraneidad boliviana y las posiciones de los dos países frente a este tema han sido permanentemente contrapuestas.
Las posturas en la relación bilateral varían sustancialmente de acuerdo a quienes conducen la política exterior de cada uno de los países y se perciben constantes avances y retrocesos, dependiendo de la situación política que viva el país. Los desencuentros entre Chile y Bolivia a raíz del reclamo marítimo de este último país se explican en buena medida por las diferentes estrategias de política exterior desplegadas históricamente.
Según el planteamiento de Alberto Zalles, la diplomacia chilena es una de las de mayor continuidad, profesionalismo y rigor estratégico de América Latina. Como parte de esta estrategia de inserción internacional, Chile ha desarrollado un aislacionismo voluntario en las relaciones con sus vecinos y en la conformación de bloques regionales, lo cual le ha permitido construir alianzas extracontinentales y consolidar vínculos de privilegio con las potencias occidentales. Incluso destaca que otro rasgo significativo de su política exterior es que ha sido fundada en el supuesto de la amenaza externa. Chile es uno de los países de América del Sur que dedica mayor porcentaje de su PIB a los gastos de defensa. Chile, favorecido por la estabilidad de su institucionalidad democrática y después de haber logrado consolidar su inserción en la economía mundial, busca pasar a una etapa diferente en su política internacional. El objetivo es que esta nueva orientación le permita, entre otras cosas, constituirse en una «plataforma de negocios» en el ámbito regional. Evidentemente, el esfuerzo está orientado a garantizar la sostenibilidad de su crecimiento económico y su bienestar colectivo. Para estos fines, entonces, resulta insoslayable mejorar la forma de relacionarse con sus vecinos, especialmente con Bolivia. Al contrario de Chile para el analista Zalles, la diplomacia boliviana refleja la inestabilidad crónica de su política interior. Bolivia, a diferencia de su vecino, ha tenido que trabajar permanentemente para organizar y cohesionar su heterogeneidad cultural y geográfica, clave para explicar las desigualdades sociales y regionales del país. A pesar de estas complejas circunstancias, la política exterior boliviana ha estado definida por dos ideas ampliamente compartidas por las elites dirigentes: la reivindicación marítima, es decir la necesidad de un acceso soberano al océano Pacífico, y el carácter central de su ubicación en Sudamérica, que la dispone a profundizar una política exterior abierta a la integración regional. A pesar de la coherencia en el reclamo marítimo y la apertura a Sudamérica, la política exterior boliviana ha sido intuitiva y contingente. La Cancillería de La Paz no tiene una tradición de continuidad institucional en su conducción y quienes la lideraron respondieron sobre todo a intereses políticos coyunturales. Esto, por supuesto, no significa que Bolivia carezca de una argumentación jurídica e histórica para sus intereses y que no posea diplomáticos competentes.
Así, en lo que respecta a la cuestión marítima, los gobiernos han obedecido a inquietudes nacidas muchas veces fuera del Estado y de la escuela diplomática. En algunos casos, como en el referéndum nacional de 2004, las voces de la sociedad civil han sido determinantes La clase política chilena establece y proclama la intangibilidad de los tratados para defender su derecho sobre los territorios que se adjudicó luego de la Guerra del Pacífico.
La emotiva y rígida posición reivindicativa de la clase política boliviana, y la carga subjetiva dificultan una vía de solución.
De esa manera, ambas posiciones principistas en las que caen frecuentemente los diplomáticos solo contribuyen a eternizar los desacuerdos e impiden una resolución moderna, creativa e innovadora, que ofrezca a las partes una rentabilidad a largo plazo. Así, parece obvio reconocer que existe una gran diferencia en el enfoque que chilenos y bolivianos tienen en relación con esta materia. Para los bolivianos el tema portuario o marítimo es un elemento fundamental de su política exterior, que goza de las más altas y explicables prioridades.
Para los chilenos lo fundamental ha sido el anhelo de tener una buena y constructiva relación con todos sus vecinos, y entre ellos con Bolivia, pero respecto de la cuestión marítima la idea general ha sido que se trata de un tema jurídicamente cerrado en 1904 y respecto del cual sólo podría pensarse en ampliar o hacer más expeditas, en la medida de lo posible, las facilidades concebidas a Bolivia hace casi cien años. En el caso boliviano se podría señalar que la ausencia de una política sostenida de Estado de reintegración marítima que va pareja de una falta de iniciativas realistas y viables, junto a la excesiva carga emocional que domina la temática, así como la inexplicable y excesiva confianza en el Perú y la total desconfianza en Chile,no ayuda a mejorar las relaciones entre ambos Estados. En el documento Política exterior Boliviana. Desafíos en el nuevo milenio, se reconoce que nunca ha habido en Bolivia un posición clara y consistente, con apoyo de los diversos sectores nacionales, en materia de mar. Como lo reconocen los propios bolivianos, hay en Bolivia absoluta claridad en cuanto a ciertos sentimientos básicos, pero absoluta confusión en torno a los objetivos que realistamente podrían buscarse y en torno al cómo y al cuándo, en lo que se refiere al logro de esos objetivos. Bolivia debe contar con una estrategia para su reintegración Marítima, no se puede, ni se debe, hablar aisladamente de una política o estrategia marítima sin circunscribirla dentro de una política exterior y, peor aún, utilizarla como un adminículo de la política interna o de la pasajera estadía de los gobiernos de turno. Dentro de los objetivos y metas centrales de la política exterior boliviana para el año 2003-2004 se encuentra como segundo punto “buscar el retorno soberano del país a las costas del Océano Pacífico, considerando que es un objetivo permanente e irrenunciable”. Pero podemos evidenciar que actualmente existe una postura mas clara en reconocer la falta de política de Estado referente al tema marítimo, el canciller boliviano, David Choquehuanca, plantea que a diferencia de Chile, en su país “no hemos tenido la capacidad de construir una política de Estado en torno a este problema (de la mediterraneidad)”. “Por ello, apenas llegamos al Gobierno, una de las tareas que nos hemos trazado es empezar a construir esta política de Estado”, indicó. Se da a conocer en la historiografía que Chile y sus sucesivos gobiernos durante décadas han insistido en dos cosas primero, que entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes, ni territoriales ni de límites, sino sólo aspiración marítima de una de las partes, y segundo que el tratamiento de este asunto es privativo de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, ya que existe un tratado vigente, y ninguna organización internacional está en condiciones de modificarlo. Para Salazar Paredes, Chile ha privilegiado el respeto a sus compromisos económicos internacionales, lo que le ha permitido beneficiarse de la dinámica comercial global aunque no ha sido capaz de resolver, en el plano estrictamente político, sus controversias circunvecinas como la demanda marítima boliviana y la definición de límites marítimos con Perú. La política exterior de Chile apuesta a una inserción activa y profunda en el proceso de globalización, sustentando la necesidad de perfilar una inserción global con acento latinoamericano.
Pero para los bolivianos la reintegración marítima es un objetivo fundamental e irrenunciable y, en ello, existe un sentimiento de convergencia por una injusticia cuyo imperativo es restituir el acceso libre y soberano de Bolivia al océano Pacífico.
El logro de la meta de conseguir una salida propia al mar, está basada en una profunda conciencia popular, motivo por el cual se ha convertido, a lo largo de los años, en un verdadero proyecto de acción colectiva.
Para Bolivia el problema con Chile tiene una dimensión bilateral, trilateral y multilateral a diferencia del gobierno de Chile que considera que la mediterraneidad boliviana es un tema estrictamente bilateral.
Desde la perspectiva chilena, la firma del tratado de Paz y Amistad de 1904, habría sellado definitivamente toda aspiración boliviana para poder tener un acceso útil y soberano a las costas del océano Pacífico.
La política chilena hacia Bolivia es, en los hechos, una política de Estado que cuenta con las principales fuerzas políticas de gobierno y oposición.
El Estado de Chile ha señalado que es necesario mirar hacia delante, y que hay muchas cosas que pueden hacer juntos, de beneficio mutuo, en su perspectiva, son indispensable medidas previas de creación de confianza. Por eso, toman iniciativas como las de la apertura del mercado chileno a productos bolivianos, sin reciprocidad.
Los bolivianos no coinciden en esa apreciación. Su enfoque como ya mencioné es diferente. Están convencidos que no se puede hablar del futuro sin resolver los problemas del pasado. Que la primera tarea del futuro es encarar los legados de la historia. Encuentran que las medidas de creación de confianza son mecanismos de distracción, que desvían el debate, con la intención de relegar la consideración del problema de fondo. Claramente por ello, la agenda de 13 puntos, que trabajan ambos Estados en la actualidad, le ha valido varias críticas al presidente Evo Morales, quienes critican destacan que todo avanza menos el tema marítimo, en las relaciones entre ambos estados.
Al revisar, el informe de Gestión 2007 del Ministerio de Relaciones exteriores y culto de Bolivia, nos encontramos con que no se hace referencia en ninguno de sus párrafos al tema marítimo como prioridad, sino más bien se destacan las instancias de cooperación entre Bolivia y los diferentes países del hemisferio, teniendo como prioridad de política exterior la cooperación se destaca del informe que:
La nueva política exterior ha priorizado el diálogo político como herramienta para mejorar la relación de Bolivia con los países del mundo, el conocimiento mutuo, y proyectar la imagen de la Revolución Democrática y Cultural que vive actualmente; la cooperación para el establecimiento de mecanismos destinados reducir y superar, en un marco de mutuo respeto, las profundas asimetrías que son consecuencia de los procesos de colonización y la imposición de recetas neoliberales; y el comercio y las inversiones para hacer más fructíferas las relaciones de intercambio y de interrelación entre socios. Al parecer con el gobierno de Evo Morales Chile y Bolivia, tiene más instancias de conseguir una cooperación en diversos ámbitos, y no solamente centrado en el ámbito de la demanda marítima, ya que el Informe 2007, presenta que se promovió la reintegración marítima la negociación de acuerdos e instrumentos bilaterales que regulen las relaciones en diversas áreas en base al principio del diálogo entre los pueblos y propiciando la confianza mutua. Para Chile, el fortalecimiento y profundización de las relaciones con América Latina, tanto en el ámbito bilateral como regional, es una prioridad de la política exterior de Chile. Esta acción se expresa básicamente en los ámbitos político, económico comercial, cultural, educacional y de seguridad, defensa y cooperación. No hace referencia en sus lineamientos de política exterior a la demanda marítima boliviana pero si destaca las instancias de cooperación que han establecido en la agenda de los 13 puntos basada en la generación de confianza mutua. Aunque en los últimos documentos de política exterior boliviana no se haga alusión expresa a la demanda marítima, bien sabemos que es una prioridad, para Bolivia, lo mas interesante que se ha producido este último tiempo, ha sido el elaborar una agenda que toque todos los temas de importancia para ambos Estados, y trabajar en pro de ello, y así poder fijar bases sólidas para instancias de cooperación entre ambos Estados.
Como sabemos, el interés de Bolivia es llegar al Pacífico y para ello, debe superar la falsa noción de países amigos y países enemigos permanentes. , por ello el trabajo conjunto en base a la agenda de los 13 puntos abre la posibilidad de acercar posturas, y encontrar formas de diálogo y no confrontaciones que llevan al retraso e incluso muchas veces al quiebre del diálogo entre ambos Estados. Actualmente, el gobierno y algunos políticos bolivianos creen que la recuperación de un enclave portuario merece una negociación flexible. Dicho de otra manera, la reivindicación marítima boliviana deviene en un proyecto de reposicionamiento comercial y económico en la región costera, que considera de manera realista la actual interdependencia pero que también pretende utilizar en la negociación todo el potencial de las ventajas comparativas de Bolivia: su lugar clave para el desarrollo de un corredor interoceánico y el hecho de disponer de las segundas reservas de gas de la región. Este cambio de actitud en la política exterior por parte de Bolivia, y la disposición de Chile a cooperar ha abierto una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos Estados, donde sin dejar de considerar la demanda de soberanía marítima, se evidencia una estrategia similar por parte de ambos Estados en la forma de alcanzar acuerdos a corto, mediano y a largo plazo, ya que siguiendo a Luis Maira uno de los grandes problemas que han tenido los momentos de bonanza en nuestros vínculos es que sugieren una solución instantánea. De repente, los líderes políticos creen que en un plazo muy corto pueden resolver un contencioso tan complicado y antiguo. Y eso normalmente, es una mala expectativa que termina en situaciones de desencanto.
5.3 Trilateralidad del conflicto (Perú).
A lo largo de los años, el tema de la relación chileno-boliviana ha tenido como protagonista en las sombras al Perú, a partir de la firma del Protocolo Complementario al Tratado de Lima, que suscribe en su artículo primero la disposición de que ni Perú ni Chile podían ceder a un tercero la totalidad o parte de estos territorios sin consulta al otro Estado.
Con el tratado de 1929, en realidad lo que se hizo fue volver a trilateralizar un problema que ya la guerra, con la alianza defensiva boliviano - peruana, lo había hecho. El Perú siempre ha apoyado su posición en el artículo 1º del Protocolo Complementario de 1929 y éste ha sido, aparentemente, el origen de algunos de los fracasos en las tentativas de solución propuestas. Recordemos las negociaciones de Charaña, donde el Estado peruano al ser consultado como lo exige el Protocolo Complementario, no cedió ante las peticiones chilenas.
Además evidenciamos que cada vez que ambos Estados intentan alguna negociación, el Perú ha puesto constantemente su celo por los acercamientos que Bolivia y Chile propician en torno al tema marítimo. El Perú, por su parte, ha intentado jugar el papel del tercero en la discordia optando por posiciones diplomáticas aparentemente distantes del problema marítimo pero siempre haciendo valer su influencia relativa, unas veces con Chile y otras con Bolivia, pero con el único objetivo que prevalezcan siempre sus propios intereses.
Para el historiador Boliviano Fernando Salazar, el protocolo de 1929 suscrito entre Perú y Chile, es para Bolivia la demostración más contundente de que en política exterior no existen amigos, solamente intereses. Los intereses del Perú fueron puestos de manifiesto aun a costa de su aliado que, en adelante, para retornar al Pacífico, tendría que negociar, no con uno, sino con dos países. Perú argumentaba y todavía hay sectores que aun argumentan que si Chile quiere entregar el territorio que fue peruano, debería hacerlo al Perú y no aun tercero. En resumen, para Perú primero está su interés propio, después el del aliado o amigo. Gustavo Fernández historiador e internacionalista boliviano plantea que el análisis histórico despasionado nos enseña de que Chile fue el enemigo que nos usurpó nuestra salida al Pacífico. También nos enseña que el Perú, nuestro aliado en la guerra, fue un actor de primer orden para consolidar nuestro enclaustramiento al firmar el Protocolo de 1929 y que, por lo tanto, hoy tiene en sus manos la llave del candado para abrir nuestro encierro, pero no lo hace.
Tanto Chile como Perú, se han guiado por sus intereses lo cual es legítimo y lógico. Han ido más allá del emotivismo nocivo, producto de la guerra, velando por sus intereses. Bolivia, no obstante, continúa en la lógica amigo enemigo, sin darse cuenta de que los roles pueden invertirse y que, la dinámica de los intereses, en efecto, así lo demuestran.
Si consideramos la experiencia reciente del negocio gasífero, evidenciamos que el Perú hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que la idea prosperara, ofreciendo ventajas que olvidó tan pronto murió la perspectiva. Y, sumado a lo ya histórico, se presenta la demanda en la corte de la Haya por Perú referente a la delimitación del territorio marítimo entre ambos estados, demanda que ha generado variadas opiniones y posiciones de cómo esta afectaría una posible solución al enclaustramiento marítimo boliviano. Referente ha este tema, El canciller David Choquehuanca ha dicho que la demanda marítima de Perú puede perjudicar sus propias aspiraciones, y emitió una opinión muy audaz cuando declaró que “cada vez que Bolivia y Chile intentan una solución al tema del enclaustramiento de su país, el Perú saca algún temita que nos puede perjudicar”. Agregó: “Eso sí, puede perjudicarnos, por ello hemos decidido llevar las negociaciones de manera bilateral. Perú no va a participar de este proceso. Cuando decidamos una fórmula lo único que vamos a hacer es consultar” El canciller Chileno, Alejandro Foxley declaró a la prensa que “la cartografía que apareció deja a Arica casi en seco. Genera un problema ante cualquier eventual solución respecto a Bolivia".
En entrevista con radio Cooperativa, el ministro sostuvo que "si no hay una inmensa voluntad de las partes, Perú, Bolivia y Chile, vamos a estar permanentemente enredados en esto".
Agregó que "históricamente" cuando hay un acercamiento para solucionar los conflictos territoriales entre los tres país, uno se opone.
"Este cuento se ha repetido en la historia 10, 20 veces, idéntico. En que hay un principio de acercamiento con un país y el otro se opone, es como la cuadratura del círculo".
Referente a este mismo tema el ex canciller Armando Loaiza advirtió que "si se prosigue con la teoría peruana de la proyección fronteriza del sector hacia el mar territorial de Chile, prácticamente la zona de 10 o 12 kilómetros sobre la que podría negociarse la soberanía marítima de Bolivia sería casi nula. Sería una zona con llegada al mar pero sin costas". En una entrevista al diario La Prensa, Salazar Paredes destacó que:
El Protocolo al Tratado de 1929 entre Perú y Chile ha convertido el problema marítimo boliviano de bilateral en trilateral, si es que pretendemos una solución con soberanía al sur de la línea de la Concordia por territorio que fue peruano. Si es así, aunque no somos parte en el diferendo del dominio marítimo, nos encontramos en una situación sumamente incómoda y delicada.
Si optamos por darle la razón al Perú, entonces estaremos afectando nuestros derechos expectaticios a una posible salida soberana o con supremacía hacia el Pacífico con un mar territorial al norte de Arica que hoy es de casi 200 millas y que se vería reducido a casi 40 millas. Si apoyamos la posición de Chile, que sería lo más apegado a nuestros intereses, entonces correríamos el riesgo de que Perú, de ser consultado, no esté de acuerdo con un eventual arreglo chileno-boliviano con soberanía. Para los historiadores bolivianos Chile en una tradición defensiva, heredada de la lógica bélica del siglo XIX, se ha negado a cualquier negociación trilateral, en el temor de que serviría para reconstruir la alianza boliviana-peruana, contra sus intereses. Intenta manejarse bilateralmente.
La política pendular de acercamiento a uno para debilitar al otro, ha funcionado para mantener el status quo, pero no para resolver la controversia. El resultado en la actualidad son dos conflictos y ninguna solución.
Como hemos visto un entendimiento bilateral boliviano-chileno o boliviano-peruano siempre despertará las sospechas del tercero. Esa fue, recientemente, la experiencia del proyecto del puerto de exportación de LNG boliviano. Algunos pensaron que Bolivia y Chile podían cerrar un entendimiento de proyección histórica en esa materia, sin el conocimiento del Perú.
Y en el caso de una solución en la Corte Internacional de la Haya favorable a Perú, muchos analistas coinciden en que se interpretará en Bolivia como el cierre definitivo de sus posibilidades de acceso soberano al mar. Si consideramos las palabras del canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, quien dijo que si la Corte de La Haya emite un fallo favorable a Perú, no perjudicará la aspiración boliviana a recuperar una salida soberana al océano Pacífico porque ésta debe pasar por territorio chileno. Lo cual deja claramente la visión del Estado peruano ante una eventual consulta de dar una salida soberana a Bolivia por el límite norte de Chile con Perú. Es por ello, que siempre destacan los historiadores bolivianos que “Chile puso el candado a la salida al mar de Bolivia y le entregó la llave al Perú”.
La relación chileno-boliviana se complica más de lo común por la presencia del tercer país involucrado en el conflicto. Perú, en efecto, forma parte del problema desde su origen y adquiere un rol determinante a través del acuerdo bilateral que suscribió con Chile en 1929, donde aceptó que el territorio que le perteneció no podría ser comprometido para una eventual solución al enclaustramiento boliviano. Ese acuerdo, aunque fue negativo para las pretensiones de Bolivia, al menos dejó constancia de que Chile, en un momento u otro, tropezaría con el reclamo marítimo boliviano.
5.4 Inestabilidad política Boliviana
La inestabilidad política que presentó el Estado de Bolivia, para el periodo 2000-2004, representó un obstáculo en la relación bilateral entre Chile y Bolivia. Y representa uno de los elementos externos que dificultan las relaciones y negociaciones entre ambos Estados.
En el caso que estamos analizando es claro que el proceso de negociación no es sólo una cuestión de relaciones bilaterales, sino que también esta relación se ve alterada por la agenda doméstica boliviana. De ahí la necesidad de comprender ciertos elementos o características que cada país tiene respecto de sus sistema político, estructura organizacional y proceso de toma de decisiones y que incide en la percepción que los vecinos tienen del país. Ya que, la ingobernabilidad de un Estado es el marco que genera incertidumbre en las relaciones bilaterales. En la práctica es muy difícil que se llegue a establecer acuerdos, cuando los interlocutores cambian constantemente y éstos deben enfrentar presiones populares de diversa índole.
Durante el siglo XX Bolivia ha experimentado 189 golpes de Estado militares, ha tenido 41 Jefes de Estado y 7 constituciones. En este clima de inestabilidad es difícil alcanzar acuerdos de más largo plazo y sobre todo garantizar la legitimidad de lo acordado. Adicionalmente, se comprueba en la presente investigación el peso que tiene en la agenda interna boliviana, la cuestión de la mediterraneidad y las relaciones con el Estado de Chile.
Los avances y/o retrocesos en la relación bilateral quedan determinados en parte, por la política doméstica de Bolivia, en el periodo estudiado.
Para Chile las relaciones vecinales ni su política exterior se determinan por la agenda doméstica. En cambio en el caso del Estado boliviano, las relaciones con Chile, llegan en algunos casos a constituir un tema político electoral, lo que lleva a que la agenda doméstica determine el ritmo, las tensiones y los avances en sus relaciones con Chile. Los elementos de la política interna boliviana que repercuten en la relación bilateral entre Chile y Bolivia para el periodo 2000- 2004, se hacen sentir dentro del Estado boliviano a partir del año 2000 y son, la presión social que se hace insostenible, ya que el Estado no genera los medios para su contención ni apaciguamiento, esto detonó en la crisis de Octubre del 2003 y sucesos posteriores, la gobernabilidad estaba en riesgo al no dar respuesta a las demandas planteadas, y sumado a esto se presenta el afloramiento de la demanda autonómica de los departamentos del oriente.
El sistema político boliviano, no daba respuesta a las demandas que presenta la sociedad que en la palabras simples son de carácter étnico, cultural, económico y social, que describen a una Bolivia fragmentada y polarizada, que no ha sido capaz a lo largo de su historia de generar un sentimiento nacional que permita deponer o por lo menos reducir las brechas y fragmentaciones existentes.
A continuación desarrollaré, los tres elementos que a mi entender, son un tema fundamental para comprender la inestabilidad política boliviana y así poder vislumbrar de que manera estos elementos influyen en la política exterior boliviana, y como esta repercute en las relaciones con Chile.
a) Gobernabilidad
En el análisis de la gobernabilidad se pueden establecer dos entradas en vínculo con la democracia. En el primer caso, el interés está orientado al decurso de la democracia prestando atención a aspectos relativos al régimen político y a la estabilidad del sistema democrático. En el segundo caso, la atención se dirige a la capacidad del gobierno/Estado para ejecutar políticas, con énfasis en aspectos institucionales como la descentralización y la participación ciudadana. La gobernabilidad en Bolivia –y en América Latina en general- muestra un camino marcado por los avatares de la transición y los desafíos de consolidación de las democracias, con énfasis en la estabilidad político-institucional y el juego entre actores estratégicos, generalmente los partidos políticos, y las relaciones entre Ejecutivo-Legislativo. Este esquema convencional estuvo vigente en Bolivia durante el ciclo de la “democracia pactada”, es decir, periodo donde la unión de ciertos partidos políticos ha permitido que exista una relativa gobernabilidad en Bolivia, a lo que deben sumarse los mecanismos bajo los cuales el sector dirigente a podido contener la presión social, fundamentalmente a través ya sea del discurso populista de algunos movimientos y partidos conjuntamente con una red clientelar, elementos los cuales han generado esperanza en la población y calmando las demandas, además de la represión ordenada por el gobierno durante los momentos más álgidos de ciertas movilizaciones. Al dejar de operar sistemáticamente estos elementos a partir del año 2000 aproximadamente, la presión social se hace insostenible, ya que no hay medios para su contención ni apaciguamiento, lo que estalla en la crisis de Octubre del 2003.
Se puede evidenciar, que para ese entonces los partidos políticos tradicionales presentan un desgaste a raiz de la crisis económica, social y política, que se venía arrastrando ya desde 1999, lo que favoreció la irrupción de nuevos partidos y movimientos sociales.
Con la salida de Sánchez de Lozada y la posterior salida de Mesa, a raíz de la fuerte presión social derivada de no lograr canalizar las demandas de los sectores movilizados, y el triunfo de Evo Morales con el 54% de los votos a diferencia de los comicios del 2002 donde Sánchez de Lozada salió electo con el 20,8%, se va a presentar el concepto de gobernabilidad de forma diferente a la tradicional ya enunciada para el Estado de Bolivia.
Con la caída de Sánchez de Lozada como gobernante se quebrará el pacto entre el ejecutivo y el legislativo, ya que Mesa no recurrirá a formar alianza con los partidos tradicionales, además de nombrar ministros de carácter apartidistas.
La formula de coaliciones que venían utilizando desde 1985, se agotó sistemáticamente, al no poder enfrentar las demandas sociales insatisfechas de la sociedad lo que dio paso al surgimiento de nuevos partidos dispuestos a ofrecer solución a estas demandas insatisfechas, los cuales provocan que los partidos tradicionales y sistémicos se vean cuestionados por el aparecimiento de partidos “antisistémicos”, los cuales “…se definen por su oposición a los anteriores y al sistema de coaliciones parlamentarias” Es así, como aparecen los partidos representantes del mundo indígena, campesino y cocalero, como son el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe, quienes vienen no sólo a canalizar las demandas de los sectores movilizados, sino también a hacerse un gran espacio dentro de la alineación tradicional.
Con la entrada en escena de estos nuevos partidos políticos la realidad boliviana va a tener un cambio considerable, estos partidos van a canalizar una gran cantidad de votación en desmedro de la votación que obtenían los partidos tradicionales, porque estas nuevas fuerzas políticas, llegaban directamente al electorado a través de varios medios, siendo fundamental en el caso de Evo Morales (quien es la cabeza visible de los sectores movilizados que pedían la renuncia de Sánchez de Lozada a tan sólo 4 meses de sumido al gobierno) y Felipe Quispe su identificación con los grupos indígenas (ya que ambos tienen un origen aymara), campesinos y sectores bajos de la sociedad, además de que tomaron una activa participación dentro de la oposición al gobierno de Sánchez de Lozada, lo que los hizo ver como verdaderos representante de las demandas populares, es así como la presión popular liderada por estas nuevas fuerzan harán caer a Sánchez de Lozada y a Mesa quienes no podrán hacer frente a la radicalización de las protestas.
A raíz de estos hechos y de la relevancia que van a presentar estas nuevas fuerzas políticas basadas en movimientos sociales, que se transforman en partidos políticos de gran apoyo popular, es que el concepto de gobernabilidad se va a presentar más amplio y con nuevos desafíos definiéndose como “la capacidad de los sistemas democráticos para aprobar, poner en práctica y mantener las decisiones necesarias para resolver problemas sociales, resultado de procedimientos democráticos institucionalizados que consideran plenamente los puntos de vista e intereses de los actores políticos y sociales relevantes”así la gobernabilidad se presentará como un proceso de producción de sentido (en términos de legitimidad, eficacia y estabilidad, entre otros aspectos) que varía en función del tipo de relaciones entre actores estratégicos, reglas formales e informales y conflicto social y la variedad de escenarios resultantes de las reformas político institucionales. Dentro de ese periodo de crisis social que va a presentar el estado Boliviano, se sumará la demanda de autonomía de la zona oriental de Bolivia, una parte del país que quiere básicamente separarse de la zona pobre, de la zona de las demandas sociales, situación que pone de manifiesto, los fraccionamientos sociales, étnicos, culturales, económicos y políticos del país.
Por ello, si en el pasado la gobernabilidad estaba centrada en las relaciones entre poderes ejecutivo y legislativo, en este nuevo ciclo de la democracia la relación entre gobierno central y los “gobiernos” del nivel intermedio aparece como otro aspecto relevante que exige negociaciones circunstanciales y permanentes debido a la precariedad del marco institucional que amplía el margen de juego entre los actores y la incertidumbre respecto al proceso decisional y los resultados de la interacción política que se desenvuelven en una mayor cantidad de escenarios como resultado de las reformas político-institucionales.
Utilizamos la noción de “gobiernos” en plural porque, después de los resultados del referéndum autonómico, estos pueden ser de carácter “departamental” y/o “indígena”, e incluso, “regional” con el riesgo de complejizar aún más el clivaje centralismo/descentralización. Aparte de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo y entre el gobierno central y las regiones, existe otra dimensión de la gobernabilidad que tiene que ver con la presencia de actores estratégicos de raigambre social (movimiento indígena, sindicalismo campesino, comité cívico, entre otros) que, sin formar parte de la política institucional, cuentan con recursos de poder susceptibles de influir en las decisiones gubernamentales en los distintos ámbitos estatales.
Es evidente que, desde octubre de 2003, la gobernabilidad ya no se concentra en las interacciones en el seno del sistema de partidos ni en el procesamiento de los conflictos en el ámbito parlamentario. Empero esta es una situación de facto por efecto de la crisis y, sobre todo, de los resultados electorales de diciembre de 2005 que otorgaron una mayoría parlamentaria al partido de gobierno y eliminaron la necesidad de conformar una coalición parlamentaria y de gobierno como ocurría en el pasado.
La definición del régimen autonómico, tendrá consecuencias obvias en la nueva gramática de la gobernabilidad puesto que una combinación de dos o más modalidades de autonomía territorial –al margen de la autonomía municipal- implicará una multiplicación de escenarios y niveles de gobernabilidad con la consiguiente dificultad para procesar de manera sistémica las demandas sociales y reproducir patrones de estabilidad política. Por ello, el desafío del diseño del nuevo Estado es modelar instituciones que promuevan una “integración sistémica” mediante una coordinación entre los diversos órganos de gobierno y esferas de la sociedad para evitar una “diferenciación funcional” que puede provocar un desempeño de los componentes estatales bajo lógicas particulares con consecuencias negativas para el funcionamiento del Estado. Es decir, a mayor variedad de autonomías territoriales y sus correlativos órganos de gobierno, mayores los problemas de diseño institucional para establecer relaciones coherentes entre las regiones y el Estado y, consiguientemente, mayores dificultades para la coordinación estratégica en términos estatales.
b) Autonomías.
El estado de Bolivia ha presentado en este último tiempo las llamadas demandas autonómicas de oriente, al referirnos a este tema podemos dar a conocer que Bolivia se encuentra dividida en dos zonas Oriente y Occidente donde cada una de estas zonas posee características propias y diferentes intereses.
El occidente de Bolivia va a comprender la zona del Altiplano, denominada también la zona más pobre del país, que debe enfrentar grandes problemas socio-económicos. El Oriente de Bolivia, es una zona próspera que basa su economía en la agroindustria y en los sectores mineros, donde se encuentra la explotación de los hidrocarburos. En este sector varios departamentos han presentados una demanda de autonomía, con el objetivo de poder capitalizar de mejor forma los altos ingresos que reciben de la explotación de hidrocarburos. Este movimiento autonómico esta liderado por la ciudad de Santa Cruz, que es la ciudad más rica y grande del país. Se le suman a Santa Cruz los departamentos de Tarija, Beni y Pando, los cuáles también pertenecen a la zona Oriente de Bolivia.
Junto con la demanda por la Autonomía del Oriente Boliviano, surgió también la demanda de una Asamblea Constituyente la cual es la bandera de lucha de una serie de sindicatos obreros y mineros y de grupos indígenas pertenecientes a la parte occidental de Bolivia, quienes demandan una reforma estructural en el plano constitucional, donde se entregue mayor poder político a los grupos indígenas y a otros sectores marginados en forma histórica del acceso al poder y de la administración del Estado.
Durante el 2000- 2005, se vivió todo un proceso de demandas sociales, que tuvo su apogeo en la crisis de octubre del 2003. Con la llegada al poder de Evo Morales en el 2006, se va a presentar un punto alto en lo referente a las demandas autonómicas de sector Oriente de Bolivia, ya que Evo Morales perteneciente y defensor en la crisis de octubre del 2003 del Occidente Boliviano, ha querido plasmar una serie de medidas comenzando por la nacionalización de los hidrocarburos y un cambio en el modelo económico del Estado, basado en la redistribución del poder político, un modelo económico estatista y un nuevo pacto social donde la Asamblea Constituyente, destinada a refundar el país juega un rol importante en el programa de gobierno trazado por el nuevo mandatario. A raíz de la Asamblea Constituyente instalada en agosto de 2006, comenzaron variados problemas, donde los desacuerdos políticos y regionales llevaron a que luego de un año de funcionamiento no se redactara ni un solo artículo de la nueva carta política. Sumado a esto, varias regiones opositoras a la gestión de de Morales, avanzaban hacia la idea de la autonomía planteando la posibilidad de consultas ciudadanas para aprobarla. La primera región que fijó fecha para su consulta fue Santa Cruz para el 4 de mayo de 2008, y luego fijarían la consulta Tarija, Beni y Pando, este se plantea como el peor desafío que ha tenido que enfrentar e gobierno de Evo Morales.
En este escenario, se va a desenvolver el año 2008, donde Evo Morales deberá hacer frente y buscar un acuerdo con las regiones del Oriente para preservar la estabilidad en Bolivia, además que esta consulta significa un grave desafío al gobierno, a la Constitución y a las leyes del país, para algunos expertos, el fondo del asunto se planteaba en que Evo Morales mandatario socialista está enfrentado con estas regiones por los estatutos autonómicos de corte liberal que estas regiones planean aprobar y por la nueva constitución de corte socialista y estatista que el propio Morales impulsa. Lo que realmente se estaba disputando son los espacios de poder en que los departamentos buscan sentar las bases para negociar con el gobierno cambios a la Constitución. Es así como uno de los problemas más fuertes que ha debido enfrentar el gobierno de Morales, es la oposición de Oriente hacia su gestión, aunque algunos analistas presentaban que el referendum no tendría efectos en la estabilidad del Estado Boliviano, podemos evidenciar que el triunfo del referendum cruceño y de las otras regiones organizó mejor al sector Oriente, y en septiembre del 2008, presenciamos una gran ola de violencia en las cuatro regiones ya mencionadas en contra de los planes de reformas de Evo, el caos social que se generó obligó a dictar estado de sitio en el departamento de Pando. Donde esta región junto con Tarija, Beni y Santa Cruz, se oponen a una nueva Carta Magna para Bolivia, ya que el proyecto afirma la nacionalización de la economía y da más poder a la mayoría indígena.
Para personalidades Bolivianas como Manfredo Kempff, Escritor, diplomático y ex vicecanciller de Bolivia, el gobierno de Morales se extravió, desde el comienzo; primero por su tendencia indigenista, excluyente de la clase media mestiza y blanca; luego por un abierto irrespeto de las leyes vigentes y la decisión de establecer una constitución a su medida, que debilite las regiones orientales. El propósito de redistribuir las ricas tierras del oriente, bajo el signo de una nueva reforma agraria, y la creación de 36 naciones dentro de Bolivia, no mantenido otro destino que prevenir, sobre todo a Santa Cruz, de una torpe intención de afectar su sistema productivo. Las diferencias entre el gobierno de Evo Morales y las regiones de Oriente llevaron a serios incidentes en el año 2008.
Podemos darnos cuenta que el tema de las autonomías en Bolivia pasó a ser un tema regional en América Latina, diferentes noticias de prensa nos dan cuenta de ello destacando siempre la importancia de la Unidad de Bolivia.
“los países americanos respaldaron ayer la integridad territorial de Bolivia y algunos dejaron entrever su temor por los efectos que el referéndum autonomista en el rico departamento de Santa Cruz pueda tener en la región.
Santa Cruz celebró una consulta que, según sondeos a pie de urna del domingo y los primeros datos ofrecidos ayer lunes por la Corte Departamental Electoral con un tercio del cómputo, ratificó con más del 80 por ciento el Estatuto Autonómico.
No obstante, el gobierno de Evo Morales insistió ayer en que la mitad de la población de esta región rechazó el Estatuto, al basarse en datos tomados “de los propios medios”, que sitúan la abstención en 40 por ciento y los votos emitidos en contra del Estatuto en el 10 por ciento.
Una de las primeras reacciones se produjo en Chile, cuyo canciller, Alejandro Foxley, exhortó a celebrar un diálogo político en Bolivia y respaldó “la integridad territorial”.
“Con mucha fuerza” Chile “ha apoyado y va a apoyar siempre el principio de la integridad territorial de Bolivia como nación, así como la apoyamos para cualquier otro país en América Latina”, afirmó el Canciller.
Ello “es particularmente pertinente decirlo hoy día respecto de Bolivia”, donde, según Foxley, “hay un Gobierno que tiene un mandato claro” y que está instalado “por la soberanía del pueblo“.
También EEUU se pronunció a favor del diálogo e invitó al Gobierno y la oposición a que resuelvan sus diferencias de manera “pacífica y duradera”.
“Llamamos a todas las partes (implicadas en el conflicto) a que rechacen la violencia y se comporten de manera moderada durante este período” de tensiones y posibles negociaciones, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que ha buscado un acercamiento en Bolivia, descartó ayer la posibilidad de un quiebre institucional en el país y confió en la negociación.
“Hemos recibido una carta de los prefectos, entre ellos el de Santa Cruz, que señalan su completa disposición y adhesión a la unidad nacional, el rechazo a todo intento de división de Bolivia y a cualquier ruptura del orden democrático”, declaró el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.
En Argentina, la prensa coincidió en que el apoyo a la autonomía de Santa Cruz obliga al gobierno de Morales a negociar con la oposición. “En clima de violencia, ganó el Sí por la autonomía en Santa Cruz”, tituló el diario Clarín, el de mayor tirada de Argentina, que habló de la “derrota política” de Morales.
La Nación sostuvo que en el referéndum “ganó el no a un plan hegemónico” y fue “un voto de castigo” para Morales. Página/12 dedicó por completo su portada a las “Dos Bolivias” y sostuvo que el apoyo popular a la autonomía responde a los intereses de “los dueños de la tierra”.
Los medios oficiales cubanos se hicieron eco ayer de las palabras del gobernante boliviano, que calificó de “fracaso” el referéndum autonómico. El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, recordó que la Corte Suprema boliviana ya dictaminó que desconocerá el resultado de la consulta.
El referéndum boliviano también generó temor entre algunos vecinos, incluso en Venezuela, donde se habló de un supuesto plan separatista en el petrolero estado de Zulia que fue desmentido por su gobernador, el líder opositor Manuel Rosales.
La coyuntura política que vive Bolivia puede convertirse en “una bomba expansiva que puede llegar hasta nosotros”, advirtió el ex ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Euclides Acevedo. A su juicio, “esa política separatista de Bolivia va a tener irremediablemente su fosforescencia, su eco hacia el Chaco”, territorio por el cual ese país y Paraguay libraron la Guerra del Chaco (1932-35). Pero el momento más álgido del conflicto se presentó en septiembre del 2008 con los prefectos opositores de las regiones del Oriente quienes habían ocupado las oficinas del gobierno nacional, esta situación llevó a tener en Estado de sitio a la región de Pando y a tener en el país una serie de protestas antigubernamentales, dejando mas de una decena de muertos y varios heridos. A raíz de esta situación la presidenta Michelle Bachellet de Chile convocó a una cumbre de emergencia de la Unasur, para analizar la grave crisis interna que enfrentaba Bolivia, que había cobrado la muerte decenas de personas. A la cumbre extraordinaria realizada en Santiago de Chile asistieron la mayoría de los mandatarios pertenecientes a UNASUR y resolvieron que:
Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana los países integrantes de la UNASUR
Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.
Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.
Consecuente con lo anterior, y en consideración a la grave situación que afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo. Bolivia se encontraba en un momento crítico por la ola de violencia que había sacudido el país por las protestas generadas contra el Gobierno en varias regiones gobernadas por la oposición, que reclamaban la devolución de ingresos petroleros recortados por el Ejecutivo.
El episodio más grave se vivió en la región norteña de Pando, donde un enfrentamiento armado entre opositores y defensores del Gobierno dejó al menos 30 muertos y 45 heridos de bala. Es por estos hechos que los países pertenecientes a UNASUR en la declaración, hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente.
En ese sentido, los presidentes de UNASUR acuerdan crear una Comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro-Tempore, para acompañar los trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia.
Además, de crear una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados.
Si bien el problema de las autonomías en Bolivia es un tema que afecta directamente la situación interna, la inestabilidad que provoca en algunas ocasiones no deja de ser un tema de preocupación regional referente a la continuidad democrática en nuestro continente.
c) Movimientos sociales.
En los últimos años han proliferado las noticias sobre la convulsa realidad política boliviana. A través de los medios de comunicación internacionales pudimos ver cómo los movimientos sociales bloquearon recurrentemente las carreteras del país, protagonizaron marchas multitudinarias, asediaron a los centros de poder, hostigaron a las empresas transnacionales e interpelaron a la clase política demandando reformas estructurales en la política y en la economía. El periodo que comprende entre el año 2000- 2005, diversos analistas bolivianos lo han denominado como un “ciclo rebelde”, es para ellos una etapa histórica de los movimientos sociales que tiene objetivos comunes y que se sirve del lenguaje de la rebelión para lograrlos. Desde el año 2000, Bolivia ha sido un escenario de la acción de los movimientos sociales. La “guerra del agua” en Cochabamba, en abril del 2000, y los bloqueos Aymaras de 2000 y 2001 en el altiplano, revirtieron una etapa de derrotas que duró una década y media, y dieron origen a un nuevo ciclo de protestas indígenas y populares que comenzaron a cuestionar el paradigma neoliberal dominante y a proponer ideas fuerza alternativas. Donde el planteamiento de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que refunde el país sobre nuevas bases, convocando a quienes fueron excluidos de la primera fundación de Bolivia en 1825.
Emergió así luego de quince años, un nuevo nacionalismo, cuyo núcleo articulador ya no serán las clases medias urbanas ilustradas sino las masas campesinas e indígenas que desde sus estructuras sindicales territorializadas, se desbordaron hacía el ámbito nacional, disputando con las élites neoliberales una visión alternativa de país. Para Marta Cabezas, autora del artículo Caracterización del “ciclo rebelde” 2000- 2005, hay dos grandes temas que para ella explican y caracterizan este proceso de movimientos sociales, el primero tiene que ver con el colonialismo interno de Bolivia y el segundo con las reformas neoliberales. En primer lugar se puede evidenciar, según la autora la colonialidad de la Bolivia contemporánea donde la vigencia de una estratificación social que superpone criterios racistas y clasistas, y la exclusión de las y los indígenas del sistema político. Así, la distribución de recursos, oportunidades de vida y ciudadanía real queda mediada por jerarquías raciales y étnicas análogas a las coloniales. “La blanquitud de la piel funciona como un capital complementario a los capitales económicos, culturales o escolares, que favorece y limita el ascenso social” Por ello, es que los movimientos sociales son, en buena medida, movimientos indígenas, con independencia de que sus reivindicaciones se adscriban o no a lo que se entiende por “agenda indígena internacional”.
Además, podemos agregar que la historia de la república de Bolivia, fundada en 1825, es indiscutible que se creó sobre las bases de la explotación económica, exclusión política y exterminio cultural del indio, que es lo mismo que decir que se creo sobre bases coloniales, donde los indios no obtuvieron estatuto ciudadano hasta la revolución de 1952, pero la realización plena de los derechos ciudadanos es una asignatura pendiente, ya que ha sido negada en varios momentos por los dictadores de turno y luego por los partidos políticos tradicionales. Es por ello, que los indígenas se han visto situados fuera del sistema político republicano y se articulan políticamente desde sus organizaciones sociales donde se gestan procesos de resistencia, presión y negociación con el poder establecido, en un intento constante, no solamente de supervivencia material y cultural, sino también de creación de procesos de contrahegemonía y hegemonía alternativa frente a los proyectos cambiantes de hegemonía.
Así evidenciamos que el Estado de Bolivia, presenta en su campo político dos polos opuestos, los defensores del statu quo colonial, que actúan desde el control del sistema político y la economía, y los sectores históricamente subordinados, de mayoría indígena. El segundo proceso, que caracteriza a los movimientos sociales bolivianos desde el 2000, va a ser el fuerte rechazo a la política económica neoliberal, la cual se inició en 1985, las medidas implementadas que pretendían garantizar la estabilidad económica y el crecimiento económico moderado. Han sido incapaces de generar el crecimiento y la redistribución de los ingresos orientada a la reducción de la pobreza. Lo que ha provocado un escenario de crisis económica, social y política, que se declaró en el año 2000, que aún se encuentra irresuelta.
Si bien los movimientos sociales en Bolivia poseen una diversidad de demandas fueron capaces de unir ciertas demandas y plantearlas como demandas de interés general, enfocadas a lograr los objetivos estratégicos que lograron realizar mediante la presión ejercida entre el 2000 y el 2005, que fue superar el modelos de compartimientos estancos que se había instalado en Bolivia entre el espacio social y el espacio político tras las reformas neoliberales y de haber desplazado la hegemonía política de los sectores tradicionales de poder. Si realizamos una mirada entre el 2000 y el 2005, evidenciamos como en las elecciones del 2002, se produjo un vuelco en la correlación de fuerzas en el parlamento por la irrupción de fuerzas políticas de los movimientos sociales en la política de Estado, donde el MAS de Evo Morales y el MIP de Felipe Quíspe, lograron una representación significativa: por una parte el MAS alcanzó el 21% de los votos, quedando en un segundo puesto a un punto de Sánchez de Lozada que fue electo presidente con un 22%, y por otra parte el MIP logró el 6%. Es decir por primera vez desde la vuelta a la democracia, emergía una nueva fuerza, y no pertenecía a los partidos políticos tradicionales.
Pero el punto más importante para los movimientos sociales, se generará con la guerra del Gas, entre septiembre y octubre del 2003, donde en rechazo de la venta de gas a USA y México por puerto chileno, y en protesta contra el modelo neoliberal culminará con la huída de Sánchez de Lozada, y traerá consigo la consolidación de una agenda nacional de cambios estructurales propuesta desde los movimientos sociales, la llamada “agenda de octubre”.
Carlos Mesa asume el poder con los compromisos de formar un gobierno de transición, y de cumplir la agenda de octubre que en ese momento tenía tres puntos fundamentales, la derogación de la Ley de Hidrocarburos, celebración de un referendum sobre la explotación del gas con vistas a su nacionalización y convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Claro y simple es que Mesa no logró ordenar la casa ni cumplir con las demandas de los movimientos sociales ni a las peticiones del Oriente Boliviano encabezado por Santa Cruz, nuevamente otro presidente ante la ingobernabilidad imperante renunció a la presidencia y despejó el camino hacia una nueva sucesión institucional. Para Marta Cabezas, la caída de dos presidentes en el lapso de dos años demuestra el fracaso de la estrategia de eludir las demandas de los movimientos sociales. Ante la imposibilidad del gobierno para agotar su mandato electoral 2002-2007 debido a la presión de los movimientos sociales y a la acción de un parlamento inoperante, obstruccionista y crecientemente desprestigiado por la opinión pública, Rodríguez Velzé sucesor de Mesa convocó a elecciones generales a celebrarse en diciembre de 2005 y, disolvió anticipadamente un Parlamento copado por los partidos tradicionales.
En las elecciones el MAS de Evo Morales, obtuvo la mayoría absoluta con el 53% de lo votos, con una votación significativa tanto en áreas urbanas como rurales y en todos los departamentos del país.
El MAS logró algo inédito en los mas de veinte años de maltrecha democracia boliviana: una mayoría absoluta en las urnas y la posibilidad de gobernar sin pactar con otros partidos. Esta mayoría del MAS implica que este partido supo captar el voto de las bases de los movimientos sociales y lograr al mismo tiempo la confianza de las clases medias.
Uno de los temas más difíciles que ha tenido que enfrentar el gobierno del MAS, es la oposición del Oriente Boliviano, a las políticas estatales. Pero lo mas importante es el cómo será percibido para los movimientos sociales el gobierno del MAS, ya que sabemos que los movimientos sociales lograron aunar en metas y objetivos comunes, pero también tienen una gran variedad de demandas distintas entre sí. Lo importante para darle gobernabilidad ha Bolivia es que el instrumento político que les permitió llegar a poder no sea superado por la radicalidad de sus bases. Y nuevamente caer, en la presión social, pero esta vez sin un rumbo claro y lleve una vez mas a Bolivia a la desestabilización social y política.
De estos 3 puntos presentados que han sido y son parte importante de la política interna en Bolivia, podemos evidenciar que tanto los movimientos sociales como autonómicos afectan fuertemente la gobernabilidad del país produciendo en diversos momentos crisis desestabilizadoras a nivel de Estado, que influyen de manera importante a las relaciones que tiene Bolivia con sus países vecinos.
La pregunta válida a realizarse es ¿De qué manera afecta la situación interna boliviana a las relaciones bilaterales con Chile?.
Si consideramos lo revisado en la presente investigación podemos darnos cuenta que las inestabilidad política que ha presentado Bolivia en estos últimos años, a repercutido en la relación bilateral con Chile, ya que en los momentos de fuerte tensión interna se apela a la perdida de la cualidad marítima boliviana, donde generalmente el presidente de turno agudiza los dardos contra Chile, generando una cortina de humo a nivel interno del Estado, donde se acusa que todos los problemas de desarrollo de Bolivia, se deben a la perdida del litoral.
Historiadores bolivianos como Salazar Paredes destacan que muchas veces la orfandad política de algunos gobiernos bolivianos parecería obligarlos a colocar en un primer plano, casi excluyente, la reivindicación marítima. La consecuencia es una inevitable profundización del diferendo con Chile y una escalada de confrontación que incide fuertemente en el escenario regional.
El resentimiento contra Chile está presente en toda la sociedad boliviana, y hacer política interna a partir de él es una tentación irresistible, una oferta que casi ningún político boliviano puede rehusar. Ello, más la fragilidad política de algunos gobiernos, obligan a Chile a estar pesimista de avances sustantivos en el corto plazo para construir escenarios propicios para una solución definitiva a la demanda marítima boliviana. Otro punto interesante, es que partir de las discontinuidades políticas que ha presentado el Estado boliviano, muchos procesos de acercamiento y negociaciones, se ven frustrados por la presión social que tienen los mandatarios de solucionar temas internos, por lo tanto tener un acercamiento con Chile y llegar a un acuerdo o a una negociación sobre algún tema que no sea la demanda marítima, es cuestionado por la opinión pública y lleva al quiebre de las negociaciones, ejemplo de esto fue el negocio de la exportación de gas boliviano por territorio chileno, los mandatarios no cuentan con el suficiente respaldo político, para tomar decisiones de tal envergadura.
El tercer punto, y no menor es que Bolivia con su constante inestabilidad política, llega ser una preocupación continental, ya que en algunos momentos se ha llegado a poner en riesgo su estabilidad democrática, lo que es de interés de casi todos los países vecinos. Además esta constante inestabilidad que ha presentado Bolivia en el tiempo también afecta su propio desarrollo como país ya que, Bolivia se configura en nuestros días como uno de los países con mayores índices de desigualdad y pobreza de América Latina, para los analistas del Programa de las Naciones Unidas, la necesidad de fortalecer al Estado boliviano y en general la capacidad institucional del sector público fue identificada desde hace varios años como uno de los puntos claves para el desarrollo de Bolivia. En consecuencia, se han implementado varias reformas del servicio público, ampliamente apoyadas por las agencias de cooperación. Sin embargo, factores estructurales como la corrupción y el clientelismo, pero también la falta de una línea estratégica clara, de capacidad de administración de proyectos, y cambios demasiado frecuentes de ministro, viceministro y personal técnico, siguen siendo obstáculos para la realización de los programas de desarrollo. La inestabilidad política crónica del último periodo 2000-2005 ha agudizado estos problemas.
Estas discontinuidades tienen consecuencias importantes sobre el relacionamiento con la cooperación internacional. De manera global, “los flujos de asistencia para el desarrollo son cada vez más sensibles a la calidad de las instituciones”. Algunos donantes prefieren trabajar con países que tienen un buen ambiente normativo, es decir con estabilidad fiscal, inflación baja, mercados abiertos, etc. El ambiente normativo nacional es muy importante en determinar la eficacia de la ayuda. Inversamente, “la corrupción endémica, la débil gobernabilidad y la mala gestión económica disminuyen los beneficios potenciales de la ayuda”. Es de vital importancia antes de concluir este tema hacer una aseveración referente a las relaciones bilaterales en la actualidad y los problemas de inestabilidad en Bolivia, si bien se evidencia en este último tiempo que ambos Estados presentan una de las mejores relaciones en años, a pesar de los problemas de inestabilidad que ha sufrido Bolivia durante el año 2008. Podemos decir, que esto se debe a un cambio en la manera de enfrentar las relaciones con Chile por parte del Estado boliviano bajo el gobierno de Evo Morales. Donde la prioridad es trabajar para generar una confianza mutua entre ambos Estados en base a la agenda de los 13 puntos, que plantea diversos temas de interés tanto para Chile como para Bolivia que considera el tema de la demanda marítima boliviana.
A diferencia de los gobiernos anteriores donde el tema marítimo y las relaciones con Chile respondían instancias coyunturales del gobierno de turno, sin una estrategia clara de cómo conseguir dicho objetivos, el gobierno de Morales ha presentado disposición a trabajar en conjunto con el gobierno de Bachellet, para lograr un mayor entendimiento e instancias de cooperación a largo plazo.
Diario “El Mercurio On Line” Lunes 20 de Agosto 2007. Diario “El Mercurio On Line” Martes 6 de noviembre 2007. Diario “El Mercurio On Line” Lunes 20 de Agosto 2007.
Opiniones de Julio Garret, ex canciller y actual rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Seminario-Taller “Propuestas de integración Bolivia - Chile en el siglo XXI”, Iquique 8-9 de marzo de 2004.
Según Oscar Madrid, de la radio Universidad de Chile, «Chile es la nación latinoamericana que más gasta en recursos en defensa, con un total de 2.785 millones de dólares, superando a Venezuela, que utiliza 2.200 millones, y a Brasil, con 1.342 millones de dólares».
Entre las cinco preguntas que demandaba el referéndum boliviano del 18 de julio de 2004, la cuarta hacía alusión directa a la cuestión marítima. Fue incluida luego de las movilizaciones sociales que cuestionaban la exportación de gas a través de Chile.
Diario “El Mercurio On Line” Jueves 23 de Agosto del 2007. Diario “La Prensa” 14 de febrero del 2007. Diario “La Prensa” Viernes 2 de Febrero del 2007.
Diario “La Prensa” Viernes 18 de enero del 2008.
Entendida gobernabilidad simple o sistémica, centrada en el sistema de partidos.
Vs. Diario “La razón”. Edición Digital - Martes, Mayo 6 de 2008
Es por eso, que creo que el famoso Baby shower, donde va la abuelita, la tía, las primas, cuñadas, hermanas, mamá y suegra, debería ser un carrete donde vayan todos a celebrar a la futura mamá con un asadito, sus copetes, y los regalos, así los temas serían mas diversos. Y no convertir ese escenario en un espacio donde hacen al futuro padre mudar, preparar mamaderas entre otras barbaridades, es que no creen que lo aterran más!!! o sea, ya tendrán ambos suficientes noches sin dormir, y muchas mamaderas que preparar!! Por qué mejor no celebramos la futura llegada del bebé con un gran mambo? sin estreses? y con hartos pañales de regalo? El último gran carrete antes de varias noches sin dormir no precisamente por carretiar!
